Fuera de esto, se debe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se va a congelar el monto del plan Potenciar Trabajo, el programa cuyo “beneficio está destinado a personas físicas que se encuentren en situación de enorme vulnerabilidad económica, con la finalidad de promover su inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos”.
Caputo, en su mensaje del martes, detalló que se mantienen los planes Potenciar Trabajo, pero sin actualización, en base al presupuesto 2023. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”, aclaró el funcionario. En ese sentido, destacó que habrá una duplicación de la Asignación Universal por Hijo y un aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.
En el comienzo del 2024, está previsto que los beneficiarios del programa percibirán 78.000 pesos.
Para acceder al Potenciar Trabajo, cuyas inscripciones ya no están habilitadas, los beneficiarios debían estar en riesgo o estado de vulnerabilidad social o desempeñarse en alguna actividad de la economía popular; ser mayores de 18 y menor de 65 años; ser argentinos o extranjeros con residencia permanente y residir legalmente en el país.
Además, debían participar, como mínimo, de alguna de las tres líneas de actividades previstas: proyectos socio-productivos, terminalidad educativa y/o proyectos sociolaborales o socio-comunitarios.
Por qué se investiga 5.000 beneficiarios
El fiscal federal Guillermo Marijuán investiga a los empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en paralelo, son beneficiarios del programa más importante del ex ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del ministerio de Capital Humano.
Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales, porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen como mínimo 5.000 incompatibilidades.
En las últimas horas el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, ordenada por Marijuan a principios de noviembre.
Solo 9 provincias cumplieron con la demanda judicial. Las otras 15 no lo hicieron: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A la nómina se debe sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades: “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo – que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por las elecciones y el cambio de gobernadores en varios distritos”.
En base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) surgen que como mínimo existirían 4.656 incompatibilidades y en condiciones de ser dados de baja. Claro está, que el número podría crecer en las próximas semanas, a medida que las provincias restantes vayan enviando los datos solicitados por el fiscal Marijuan.
