El instrumento central de la operación es el Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033, que el BID se comprometió a poner a disposición de los gobiernos provinciales del país por un plazo de diez años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo. El objetivo declarado del programa es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”.
El primer beneficiario de este paraguas financiero de 85 millones de dólares al que denominaron “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud” es Mendoza. La habilitación se hizo pública esta madrugada en el decreto 757/2026 habilitó este martes el acceso a USD 85 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin principal de financiar la transformación digital del sistema de salud de la provincia. El propósito específico del proyecto apunta a mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención sanitaria pública mendocina.
Se espera que el gobierno provincial de Alfredo Cornejo ejecute el referido proyecto destinando los fondos a infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación, acompañamiento y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y dentro de la arquitectura financiera del acuerdo se aplica una cadena de garantías entre el Estado nacional y la provincia.
El BID exigió que la República Argentina, a través del Ministerio de Economía, suscriba el acuerdo marco CCLIP (Modelo de Contrato de Garantía) y, además, firme un contrato de garantía (modelo de Contrato de Contragarantía que consta de ocho artículos) por el que el Gobierno nacional afianza las obligaciones que Mendoza asuma ante el organismo multilateral. A su vez, el Estado suscribirá con la provincia un contrato de contragarantía para resguardar el crédito público nacional.
Esa contragarantía incluye una cláusula de débito automático que indica que “el Gobierno de la Provincia de Mendoza autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.
El decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas, a suscribir el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía. También los habilita a convenir modificaciones que no alteren el objeto, el destino de los fondos, el monto ni el procedimiento arbitral pactado.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.
La Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, en tanto, señaló que el costo financiero del préstamo “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”, razón por la que no formuló objeciones al financiamiento. De estas maneras ambas organismos avalan la operación.
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