El reciente escándalo que sacudió a la Policía de Tucumán tuvo su punto de partida en un video que se viralizó en redes sociales y que reveló una situación tan insólita como grave: varios detenidos estaban realizando trabajos de albañilería en una propiedad privada perteneciente a un alto jefe policial. Esta grabación, en la que se veía a un recluso condenado por abuso sexual caminando libremente por las calles de Tafí Viejo sin custodia, fue el detonante que permitió descubrir una trama de irregularidades dentro de la fuerza.
Todo comenzó cuando una denuncia anónima llegó al despacho del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, acompañada de las imágenes que comprometían directamente a los uniformados. A partir de ese momento, se inició una investigación interna que derivó en la detención y expulsión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y de su segundo, Sergio Juárez, además de poner bajo la lupa a otros once policías cuyos nombres todavía no fueron difundidos públicamente.
Según trascendió, Agüero Gamboa recibió la denuncia un día viernes y decidió aguardar hasta el inicio de la semana siguiente para enviar personal de confianza a verificar los hechos. Aunque en la primera inspección no se halló evidencia directa, el ministro informó lo sucedido al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos resolvieron avanzar con un operativo oficial en conjunto con la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone.
Días más tarde, un equipo de investigadores acompañado por la custodia del gobernador se dirigió a la vivienda mencionada en la denuncia. Allí encontraron a dos policías en funciones y dos presos que estaban realizando tareas de construcción. Testigos del procedimiento relataron que los efectivos se justificaron diciendo que actuaban por “órdenes superiores”, pero mostraron resistencia a las indicaciones del personal judicial, lo que reforzó las sospechas de un accionar sistemático y planificado.
Una trama de abuso de poder
La investigación, liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira, apunta a que Beltrán habría utilizado recursos públicos y personal policial, junto con cuatro presos condenados, para trabajar en su casa de descanso ubicada en El Cadillal. Los reclusos, según la hipótesis judicial, eran trasladados desde distintas comisarías donde cumplían condena, en vehículos oficiales y sin autorización judicial, lo que constituye una grave violación a las normas de procedimiento penitenciario.
Tres de los detenidos provenían de la comisaría de Chuscha y el cuarto de la comisaría de Yerba Buena. De acuerdo con los testimonios recabados, entre semana dormían en la base del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Norte, y los fines de semana regresaban a sus lugares de origen. Aunque no recibían pago alguno por las tareas realizadas, disfrutaban de una suerte de régimen irregular de semilibertad, lo que les permitía circular fuera del ámbito penitenciario sin control alguno.
Al tomar conocimiento de los hechos, el juez de Ejecución Gonzalo Ortega ordenó el traslado inmediato de los presos al penal de Benjamín Paz, donde quedaron alojados bajo un régimen estricto.
Irregularidades y sanciones
El procedimiento judicial permitió constatar múltiples violaciones administrativas. Cualquier traslado de detenidos debe contar con la aprobación del juez competente y quedar registrado en el libro de guardia de la dependencia policial, algo que no ocurrió en este caso. Los registros revisados por la justicia evidenciaron movimientos de los internos que nunca fueron reportados oficialmente.
Por estos hechos, Beltrán, Juárez y los policías Luis Trejo y Osvaldo Tiseira fueron imputados por peculado, delito que castiga a los funcionarios que utilizan bienes o servicios del Estado con fines personales. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión. Además, otros efectivos están siendo investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público.
De forma inmediata, tanto Beltrán como Juárez fueron dado de baja definitiva de la fuerza, lo que implica la pérdida de su jubilación policial y de cualquier beneficio asociado al cargo. La medida generó una fuerte crisis institucional dentro de la Policía, que atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.
Reacciones políticas e internas
El gobernador Jaldo expresó su profundo malestar ante la cúpula policial y ordenó un informe detallado sobre el funcionamiento de todas las regionales de la provincia. También decidió suspender los ascensos previstos y adelantó que podrían producirse cambios en la conducción de la fuerza.
Si bien por el momento la continuidad del jefe de Policía provincial no estaría en riesgo directo, el episodio dejó al descubierto serias falencias en los mecanismos de control interno. En el ámbito político, se considera que este caso representa uno de los hechos de corrupción policial más graves de los últimos tiempos.
Dentro de la institución, el caso también reavivó viejas tensiones: algunos oficiales sostienen que la denuncia anónima habría sido presentada por sectores enfrentados a Beltrán, quien ya había generado conflictos por decisiones disciplinarias y operativos cuestionados. Sin embargo, más allá de las disputas internas, lo cierto es que el video que expuso al preso caminando libre por Tafí Viejo terminó desnudando una red de irregularidades que ahora mantiene en jaque a la Policía tucumana.
