Carlos Juárez, quien se desempeña como comisionado rural de la localidad de El Cercado, fue formalmente procesado por el delito de homicidio culposo agravado, tras ser identificado como el responsable de conducir la camioneta que impactó y causó la muerte de Silvia Robles, una mujer de 62 años, el pasado jueves en la ruta 325. La justicia dispuso que permanezca con prisión preventiva por un plazo inicial de cinco días, período durante el cual se realizarán estudios médicos para evaluar su estado de salud y definir si continuará detenido en una comisaría o si se le concederá la alternativa del arresto domiciliario.
De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar fiscal César Larri, el trágico siniestro se produjo poco después de las 20 horas, cuando Juárez, al volante de una camioneta Volkswagen Amarok, embistió a Silvia Robles, quien en ese momento circulaba en bicicleta. El impacto le provocó a la víctima la muerte instantánea. Inmediatamente después del accidente, el funcionario optó por darse a la fuga abandonando el lugar, aunque dos horas más tarde se presentó espontáneamente en la comisaría de Capitán Cáceres acompañado por su hermano, Jorge Juárez. En un principio, su hermano intentó asumir la responsabilidad de la conducción del vehículo en un claro intento de encubrimiento.
Las pericias médicas practicadas al imputado confirmaron la presencia de aliento etílico y signos clínicos compatibles con un estado de ebriedad, un elemento que, desde la perspectiva de la fiscalía, constituye un agravante fundamental del hecho, sumado a la maniobra de fuga y al posterior intento de suplantación de identidad.
El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que las investigaciones se están desarrollando en un clima de recelo y temor dentro de la comunidad, lo que ha complicado la obtención de testimonios clave. “Nos encontramos ante un episodio de suma gravedad: un funcionario público, que en teoría debería dar el ejemplo, conducía en estado de ebriedad y huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima”, afirmó Larri. En virtud de estas circunstancias, la fiscalía solicitó 30 días de prisión preventiva con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del proceso investigativo y evitar cualquier posible intento de influencia sobre testigos.
Por su parte, la familia de la fallecida manifestó su profundo dolor e indignación. Fabiana Torres, hija de Silvia Robles, declaró: “Mi madre utilizaba la bicicleta como medio de transporte habitual y él la conocía desde siempre. Lo más devastador fue que ni siquiera se detuvo para tratar de ayudarla”.
El juez Matías Graña hizo lugar a los cargos formulados y decretó la prisión preventiva, aunque limitó su duración inicial a cinco días a la espera de los resultados de una serie de evaluaciones médicas. El magistrado explicó que, si bien existen elementos de convicción suficientes para avalar el procesamiento, es necesario determinar si las condiciones de salud del acusado son compatibles con la permanencia en una celda policial.
Durante la audiencia, Juárez alegó haber sufrido un shock nervioso como consecuencia del accidente, y utilizó sus problemas de hipertensión y diabetes para justificar su decisión de huir. “Lamento profundamente lo sucedido y presento mis disculpas”, expresó ante el tribunal.
Su defensa técnica, a cargo de los abogados Ernesto Baaclini y Jorge Luna, objetó la imputación, argumentando que aún se desconocen resultados cruciales como el dosaje alcohólico exacto y la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento del impacto. Asimismo, solicitaron que, de mantenerse la medida cautelar, esta se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a las precarias condiciones de salud de su representado.
La causa continúa su curso con la realización de pericias técnicas complementarias y el análisis del material registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La situación procesal definitiva de Carlos Juárez quedará sujeta a los resultados de los exámenes médicos y a las pruebas que se incorporen en el transcurso de los próximos días. El juez advirtió que, de ser finalmente hallado culpable, el funcionario podría recibir una condena de entre tres y seis años de prisión.
